¿Por qué naturalizamos las muertes en el tránsito?
¿Por qué naturalizamos las muertes en el tránsito?
A partir de principios del siglo XX, la invención de los vehículos a motor produce un gran cambio social en la movilidad de las personas. Los caminos se adaptan a las nuevas tecnologías y se multiplican a la par del parque automotor. Las primeras víctimas son peatones atropellados en la calle que hasta hacía poco compartían sólo con carros y caballos.
Se imponen las primeras normas de tránsito, limitando la velocidad de los vehículos a motor y restringiendo y separando los espacios para peatones. Con el avance tecnológico, aumentan las velocidades y los peligros. El resultado es un aumento considerable de muertos y heridos en calles y rutas, especialmente en los países más avanzados, donde la mejora en los niveles de ingreso de sus poblaciones posibilitan que prácticamente todos puedan acceder a un vehículo propio. Estos países, que enfrentan esta problemática que afecta a una porción cada vez mayor de la sociedad, atravesando todas las capas socioeconómicas y etarias, generando gastos en salud que llegan a cifras de hasta un 2% de sus PBI, adoptan políticas integrales de seguridad vial, comenzando por establecer sistemas de recolección de datos estadísticos y estudios de accidentología.
Hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, una porción cada vez mayor de la población mundial, accede a partir del desarrollo económico de los países que habitan, a su vehículo propio, ya sea una moto o un automóvil. Los países de Asia, ven crecer exponencialmente la siniestralidad en el tránsito. La cantidad de muertos y heridos es tan grande que la Organización Mundial de la Salud declara a la inseguridad vial como una pandemia a nivel global. Cada año mueren en el mundo 1.300.000 personas en hechos de tránsito, y es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. La mayor parte de estas muertes son evitables, y en los últimos años, la ONU y la OMS están impulsando diversos programas que, en colaboración con fundaciones y empresas internacionales, gobiernos y entes multilaterales, pretenden atacar esta pandemia, y prevenir millones de muertos y heridos en los próximos años.
Durante muchos años, las únicas estadísticas disponibles en Argentina fueron privadas, provistas por la asociación civil Luchemos por la Vida, y obtenidas a través del relevamiento diario de una muestra representativa y abarcativa de distintos medios de comunicación a lo largo de todo el país. Las estadísticas oficiales eran parciales e incompletas y por ese motivo no se publicaban. No existían protocolos homogéneos en cuanto al relevamiento de hechos de tránsito y muchos muertos y heridos eran registrados como tales en los hospitales públicos y privados, sin considerar las causas.
El problema estaba ahí pero no era visible. El estado no lo tenía en su agenda y tampoco tenía un conocimiento acabado de los costos sociales y económicos relacionados. Mientras tanto, las estadísticas de Luchemos por la Vida, hablaban de 7.500 muertos y 150.000 heridos por año. Cifras que duelen y que ninguna sociedad democrática puede tolerar. Hoy contamos con un Observatorio Vial dentro de la ANSV con cifras estadísticas y estudios cualitativos que nos permiten tener un mejor diagnóstico acerca de la problemática, pero aún queda mucho por hacer en materia de prevención, a partir de mayores controles y sanciones efectivas.
Una tragedia marca el punto de inflexión en materia de seguridad vial en Argentina. El 8 de octubre de 2006, la tragedia del colegio Ecos deja 9 chicos, una profesora y 2 choferes profesionales alcoholizados, muertos sobre la ruta nacional 11 en la provincia de Santa Fé. Un choque frontal entre un camión cargado y un micro, evitable y doloroso. A partir de ese día, la movilización social lleva a reunir 400.000 firmas en unos pocos meses, y la presión mediática genera una reunión entre los padres de los chicos fallecidos y el entonces presidente de la nación Néstor Kirchner. Esa reunión fue el puntapié inicial para la confección de un pacto federal en materia de seguridad vial que luego derivaría en su ratificación a través del Decreto 1232/2007 y la posterior aprobación de la ley 26.363. La visibilización de la problemática a nivel político y social y la acción de las organizaciones de la sociedad civil, dan un nuevo impulso a los organismos intergubernamentales que venían trabajando en seguridad vial y además crea un organismo nacional de coordinación e impulso de políticas homogéneas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial creada por la ley 26.363 con presupuesto y fondos de asignación específica, marca un importante avance en la materia y modifica definitivamente el mapa de relaciones intergubernamentales en lo que respecta a la seguridad vial.
El federalismo, mal utilizado a veces por nuestros políticos y funcionarios, no puede ser excusa para la demora en la implementación de políticas de estado en materia de seguridad vial a nivel nacional. Los estados provinciales y municipales tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos, y para ello deben articular una política única en materia de regulaciones, controles y sanciones en materia vial en todo el país.
Juntos impulsaremos el cambio hacia un espacio público más seguro.
Lic. Héctor H. D’Agostino
Conduciendo a Conciencia
