El jueves 18 de septiembre, Ema Cibotti, Presidenta de la Asociación Civil Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables ACTIVVAS, escribió en La Nación un artículo (http://www.lanacion.com.ar/1728096-sin-lugar-para-las-victimas ) que pinta de cuerpo entero la situación de enorme vulnerabilidad a la que nuestra Justicia libra a los familiares y las víctimas de la Inseguridad Vial.
Lo que parece dejar en claro el texto es el terreno de parálisis en el que permanecen los que reclaman una justicia reparadora por haberles sido arrebatado su derecho más fundamental (el de la Vida). Particularmente ideologizada, la disputa se debate hoy en Argentina en el infértil espacio de: Mano Dura versus Garantismo, dos extremos que se aborrecen y en ese aborrecimiento arrastran a quienes precisan cerrar ciclos y terminar con heridas que continúan abiertas mucho más tiempo del que debieran.
El laberinto donde nuestro Poder Judicial cae al olvidar a la víctima y reconocer por sobre todo la integridad de los victimarios redunda en una condición final de enorme inequidad. La presidenta de Activvas realiza un ordenamiento de esa situación tan injusta en 3 órdenes fundamentales: primero la pereza del mecanismo policial-judicial donde lo que increíblemente entra en tela de discusión en primera instancia es el reconocimiento de las víctimas como tales por parte del Estado. Éste en muchos casos, se hace difuso. En segundo lugar aparece el contenido más polémico de la disputa en cuanto a las caracterizaciones de los hechos viales como Dolosos o Culposos, donde lo que se juzga es la Intención del que ha cometido el siniestro. Preguntas de inmensa ponzoña quedan flotando sin respuesta: quien bebe y mata, quien atropella y abandona, quien pasa en rojo y asesina, quien convierte a su vehículo en un bólido letal, ¿no tiene ninguna intención o ninguna responsabilidad sobre lo acontecido?. ¿Y entonces, al no tenerla ya que supuestamente su intención no fuera la de salir a matar, no debe ser pasible de una sanción? Por último, la autora se refiere a la mirada social que algunas veces tiende a identificarse con las razones por las cuales el que vulnera la integridad de otros hace lo que hace en razón de sus condiciones particulares (históricas, sociales, económicas, psicológicas). Un hábito por cierto muy poco feliz.
Este conjunto de estamentos perniciosos actúan como un verdadero knock out para nuestra Justicia, un verdadero cross a la mandíbula que la deja sin habla, ciega y con las simetrías disfuncionales. Por hacer un parangón vial, como si fuera ella quien hubiera recibido el violento impacto del choque, abandonando su papel reparador y sanador, dejándola así incapaz de acabar con su cometido: proteger la vida de quienes supuestamente deberían gozar de su sabia administración de equidades, desbalanceando la armonía social y sumando elementos a una disgregación cada vez más evidente.
Para el caso de nuestra Asociación (Conduciendo a Conciencia), surgida a raíz del siniestro vial donde nuestros hijos y su profesora fallecieron en la llamada Tragedia de Santa Fe, el panorama se repite en dimensiones mayúsculas. Pasados ya 8 años del hecho que nos cambiara la vida para siempre, la Justicia aún está en veremos en cuanto a tomar una definición resolutoria que otorgue algún desenlace a la causa. Con un único imputado: el chofer del micro donde circulaban los chicos y su docente, Oscar Atamañuk, a quien se está pidiendo que se lo inhabilite para seguir conduciendo por entender que tiene parte de la responsabilidad en el siniestro, el proceso judicial se encuentra estancado. Siempre a la espera de un dictamen final, siempre en esa especie de ansia irreparable, los familiares de las víctimas y sus recuerdos continuamos flotando en un viento que arremolina inconducentemente las fojas de los expedientes, una corriente de mal aire que paradójicamente funciona como una condena adicional para quienes ya han recibido suficiente castigo.
Ilustración del diario La Nación