Hoy nos encontramos una vez más con que un conductor alcoholizado atropello y mató a una persona en San Martín. Una muerte más, evitable, en nuestro país. Cuando esto ocurre pensamos en el factor humano pero es también el Estado quien debe garantizar que no ocurra, a través del control y también de la legislación.
A veces nos alegramos cuando se elaboran leyes que van a favor de la prevención de nuevas tragedias pero lamentablemente nos encontramos también con que hecha la ley, hecha la trampa.
En Noviembre de 2016, se legisló prohibiendo la publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública. Tal norma fue consecuencia de la tragedia de Costa Salguero, que ocasionó varias muertes de jóvenes. Se comenzó con una mesa de diálogo con especialistas en adicciones donde se tomaron recomendaciones, una de las cuales era limitar la publicidad en la vía pública.
Durante un año diferentes representantes bodegueros han presionado para modificar la ley y hasta el momento no lo habían conseguido. En Enero se firmó un decreto que establece que quedarán exceptuadas las publicidades que se desarrollen en el marco de la ley de declaración del vino como bebida nacional o aquellas que promocionen eventos gastronómicos o relacionados con degustación.
Se aceptó la excepción al vino generando un precedente que alertó a la cámara cervecera para incorporarse también al levantamiento de la prohibición.
Por los hechos de las últimas semanas podemos observar que las presiones de los sectores interesados en la venta de ALCOHOL terminaron dejando una ley como una “falsa fachada” de lo que en realidad va a ocurrir. Disfrazan el valor de la cultura, la tierra y las tradiciones en lo que en realidad es: valor económico. Detrás de la idea valorada que el vino es una bebida nacional, y dando cuenta del valor cultural y tradicional de nuestra tierra, se deja de lado el espíritu de la ley que estaba inspirada en el Valor de la Vida.